ERITREA Y LAS LIBERTADES (I)

Eritrea y las libertades.

Decíamos en el anterior artículo que toda la situación de Eritrea revierte directamente sobre la ausencia y represión de las libertades. Decía Moshe Dayan que «la libertad es el oxígeno del alma», y el alma humana necesita de esa libertad: de pensamiento y de expresión.

En el apartado religioso, el 62,9% son cristianos, el 36,2% pertenecen a la rama sunní del Islam. El resto pertenecen a otras confesiones religiosas protestantes como los Adventistas del Séptimo Día y otras.

Eritrea reconoce 4 comunidades religiosas registradas oficialmente: la Iglesia Ortodoxa Eritrea, la Iglesia Evangélica Luterana de Eritrea, la Iglesia Católica Romana y el Islam sunní (otras prácticas del Islam están prohibidas). Otras muchas religiones protestantes y pentecostales, el Bahaísmo o los Testigos de Jehová, no están registradas ni pueden operar libremente.

La publicación digital ALETEIA, una iniciativa lanzada por laicos católicos con el acompañamiento del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales y del Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización expuso lo siguiente:

“Además de las cuatro religiones oficialmente reconocidas, otros grandes grupos religiosos son los cristianos pentecostales, evangélicos y Testigos de Jehová. Eran tolerados hasta 2002, cuando se les exigió por decreto, que sus organizaciones presentaran solicitudes de registro en las que debía aparecer información detallada sobre sus líderes. 

Les advirtieron de que en caso de no cumplir esta obligación, sus actividades serían declaradas ilegales. Ninguna de las solicitudes presentadas obtuvo una respuesta favorable. Como mucho, algunas autoridades locales toleran a los grupos no registrados y les permiten practicar su fe en privado.

Los miembros de estos grupos pentecostales y evangélicos y los Testigos de Jehová son sometidos a detenciones, largas estancias en la cárcel a la espera de juicio, malos tratos y torturas a causa de sus actividades religiosas no autorizadas.”

Como ejemplo, el decreto del presidente Afewerki del 25 de octubre de 1994, privó a los Testigos de Jehová (TJ) de sus libertades más fundamentales, al serles retirada su ciudadanía por no haber votado (una opción aceptada en todos los países democráticos del mundo) en el referéndum de 1993 sobre la independencia y por negarse a realizar el servicio militar. Esta es una situación de lo más absurda ya que el propio gobierno establece que ningún grupo religioso debe inmiscuirse en asuntos de política. Y los TJ, por obedecer esta norma gubernamental -aunque motivados por su postura conocida en todo el mundo de neutralidad, no inmiscuyéndose en política-, pierden su derechos como ciudadanos. ¿Alguien entiende esto?  LIBERTADES

Desde ese momento, las autoridades los han encarcelado, torturado y perseguido para que renieguen de su fe. Antes de que el servicio militar fuera obligatorio, el gobierno les permitía realizar un servicio civil alternativo, que muchos TJ realizaron bajo diferentes administraciones de gobierno. Pero con el cambio, muchos TJ han muerto en las cárceles o tras ser liberados de ellas, por su edad avanzada, debido al trato sufrido en prisión. En 2018, 2 TJ de 76 y 77 años murieron en prisión tras haber sido arrestados… ¡sin cargos!

Para junio de 2019, había 52 Testigos encarcelados.

• 3 de ellos, por objeción de conciencia, desde 1994 (25 años)
• Otros 10 llevan más de 10 años encarcelados.
• Muchos de ellos están arrestado sin cargos o por asistencia a sus reuniones.

2015: Tal es su situación que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución, haciendo un llamamiento al gobierno de Eritrea para que “promulgue una legislación que prevea la objeción de conciencia”.

2016: la Comisión de Investigación sobre los Derechos Humanos en Eritrea llegó a la conclusión de que las autoridades de Eritrea han cometido “crímenes de lesa humanidad” por “las persecuciones por razones religiosas y étnicas” contra los Testigos de Jehová y otros grupos.

2018: la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos recomendó a Eritrea “adoptar medidas urgentes para que no se nieguen los derechos fundamentales a las personas detenidas, incluyendo